Para cerrar la brecha del déficit de infraestructura se requiere la participación del sector privado en la provisión de infraestructura pública.
En este sentido, deben crearse mecanismos que incentiven a las empresas privadas a desarrollar infraestructura de uso público en aquellos distritos, provincias o regiones en los que la falta de infraestructura afecta negativamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
Existe la necesidad de la infraestructura y la voluntad de las autoridades para cubrir esas necesidades, pero muchas veces no existen los recursos suficientes, tanto de índole económico como técnico.
Ahora bien, también existen proyectos declarados viables cuya ejecución no ha sido iniciada. Existe aquí una oportunidad para que el sector privado sea un impulsor de la ejecución de estos proyectos que no han podido ser aún concretados por las autoridades regionales o locales.
Entre los mecanismos que podrían implementarse para fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura de uso público, se encuentra un beneficio con el que ya cuenta la actividad minera: la deducción como gasto de la renta imponible de las inversiones en infraestructura de uso público que efectúen los titulares de empresas privadas.
La finalidad de este mecanismo es promover la inversión para que las poblaciones que carecen de infraestructura adecuada y suficiente para su desarrollo se vean beneficiadas con la oportuna ejecución de obras de infraestructura de uso público. Mediante este mecanismo si bien el Estado deja de percibir una parte del impuesto a la renta, permite que los ciudadanos cuenten con mejores y más servicios.
La ampliación de este beneficio a otros sectores de la actividad empresarial es una medida que puede contribuir a promover la participación de la empresa privada en proyectos de inversión con gobiernos locales o regionales, e incluso con el gobierno nacional.
La menor recaudación que se obtendría de parte de los privados que inviertan en estos proyectos, no será significativa y, en cambio, el impacto de los proyectos de inversión en la calidad de vida de los ciudadanos será enorme.
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En este sentido, deben crearse mecanismos que incentiven a las empresas privadas a desarrollar infraestructura de uso público en aquellos distritos, provincias o regiones en los que la falta de infraestructura afecta negativamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
Existe la necesidad de la infraestructura y la voluntad de las autoridades para cubrir esas necesidades, pero muchas veces no existen los recursos suficientes, tanto de índole económico como técnico.
Ahora bien, también existen proyectos declarados viables cuya ejecución no ha sido iniciada. Existe aquí una oportunidad para que el sector privado sea un impulsor de la ejecución de estos proyectos que no han podido ser aún concretados por las autoridades regionales o locales.
Entre los mecanismos que podrían implementarse para fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura de uso público, se encuentra un beneficio con el que ya cuenta la actividad minera: la deducción como gasto de la renta imponible de las inversiones en infraestructura de uso público que efectúen los titulares de empresas privadas.
La finalidad de este mecanismo es promover la inversión para que las poblaciones que carecen de infraestructura adecuada y suficiente para su desarrollo se vean beneficiadas con la oportuna ejecución de obras de infraestructura de uso público. Mediante este mecanismo si bien el Estado deja de percibir una parte del impuesto a la renta, permite que los ciudadanos cuenten con mejores y más servicios.
La ampliación de este beneficio a otros sectores de la actividad empresarial es una medida que puede contribuir a promover la participación de la empresa privada en proyectos de inversión con gobiernos locales o regionales, e incluso con el gobierno nacional.
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