Política y Economía : Aprueban 2da. vuelta en regionales 2010

La historia de las autoridades sin legitimidad, algunas manipuladas por los denominados frentes de defensa, podría terminar pronto y es que ayer el pleno del Congreso dio luz verde a la segunda vuelta para las elecciones regionales.

La norma, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, fue aprobada por 64 votos a favor 28 en contra y 11 abstenciones, entrará en vigor en noviembre del 2010 y se aplicará cuando ninguno de los postulantes supere 30% de los votos válidos.

El dictamen detalla que en caso ninguna de las listas alcance ese porcentaje, se procederá a una segunda vuelta entre las fórmulas que lograron las dos más altas votaciones.

Asimismo, se dispone que esa segunda elección se de-sarrolle dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales de la primera vuelta. solicitar informes personalizados...

Solo el 17% de municipios actualizó sus trámites

De 1,639 comunas distritales distritales en todo el país, apenas 274 regularizaron sus TUPALo más engorroso son las restricciones para otorgar licencias de locales comerciales.

Mientras el Ejecutivo prepara un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) modelo para todas las municipalidades distritales con el fin de erradicar las trabas a los negocios e inversiones, a julio de 2009 tan solo el 17% de estas jurisdicciones ha cumplido con actualizar dicho documento.

El TUPA es un instrumento de gestión que organiza el conjunto de procedimientos administrativos y trámites que los ciudadanos y agentes económicos pueden realizar ante una entidad estatal.

Su contenido es aprobado por ordenanza y se debe actualizar cada dos años. Sin embargo, según un informe de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), de un total de 1,639 comunas distritales a nivel nacional, apenas 247 cumplieron esta disposición a pesar de que ya estamos a mitad de año.

La historia se repite, aunque con una ligera mejora (46% sí cumplieron), en los municipios provinciales, donde de un total de 195, solo 90 actualizaron su TUPA. Para la CCL, esta es una de las principales razones por las que resulta engorroso efectuar un trámite en las mencionadas entidades.

LICENCIAS, EL MAYOR ESCOLLO.

De acuerdo con Indecopi, la mayoría de las barreras burocráticas presentadas durante el primer semestre del año corresponde a restricciones para otorgar licencias de funcionamiento a locales comerciales. Además, un 78% de denuncias por trabas es causado por una ordenanza municipal.

Así, de un total de 71 denuncias que recibió este organismo contra los municipios, el 31% correspondió a licencias, un 15% al incumplimiento de normas de simplificación administrativa, un 10% a anuncios publicitarios, un 8% a arbitrios, un 7% a la instalación de infraestructura de servicios públicos, entre otros.

Una encuesta publicada en julio de 2008 por la ONG Ciudadanos al Día (CAD) arrojó que la principal dificultad que encuentran los ciudadanos en los municipios de Lima es la lentitud de estas entidades para resolver los trámites. El segundo escollo más importante estaba en el excesivo número de requisitos y procedimientos; mientras que, el tercero, en la falta de preparación del personal que atendía.

Al final, en el ranking CAD, la Municipalidad de Independencia ocupó el último lugar entre las que peor atención dan al ciudadano. Perú.21 se comunicó ayer con esta comuna para conocer lo que ha realizado para mejorar, pero no se obtuvo respuesta.

TENGA EN CUENTA

• De un total de 2,184 instituciones estatales, solo 575 han actualizado sus TUPA, indicó la CCL.
• Hasta el momento, con la Ley de Silencio Administrativo (Nº 29060) se ha logrado eliminar 1,507 pasos innecesarios.
• Sunarp y Consucode también ponen trabas a los negocios

En Peru21

Proyecto para reducir trabas municipales a inversiones en telecomunicaciones tiene 90% de avance

Lima, ago. 07 (ANDINA).- El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, informó hoy que el proyecto que busca simplificar los trámites que realizan los operadores de telecomunicaciones ante las diversas municipalidades tiene un avance 90 por ciento.

Cabe recordar que las empresas de telecomunicaciones han denunciado constantemente que las municipalidades a nivel nacional ponen una serie de trabas que frenan las inversiones que requieren realizar para ampliar el servicio de telefonía en beneficio de los usuarios.

“Estamos trabajando en un dispositivo que propondremos al Consejo de Ministros y que por ahora lo está revisando la parte legal del ministerio. La idea es que este proyecto ayude a las empresas a concretar sus inversiones en la ampliación de la infraestructura en el país”, declaró.

En ese sentido, indicó que dicho documento aún se encuentra en evaluación porque se tiene que garantizar que cubra todas las aristas sobre el tema.

“El Poder Ejecutivo está muy preocupado porque los inversionistas operadores telefónicos tienen en conjunto 300 millones de dólares en inversión pendiente que todavía no pueden concretar por este problema”, mencionó.

El ministro exhortó a los alcaldes a dar celeridad a los trámites de permisos de colocación de antenas y demás elementos que permitan a la población acceder a la telefonía en cualquier rincón del país.

“Resulta que se está parando la inversión y miles de peruanos de diversas comunidades dejan de tener el teléfono celular o fijo porque las autoridades no están autorizando los permisos necesarios que les permitan tener acceso a la telefonía”, dijo.

Añadió que en algunos casos muchos alcaldes tienen la idea equivocada de que la antena significa algún perjuicio a la salud, lo cual está descartado científicamente.

Cornejo firmó hoy el convenio sobre licencias de conducir para peruanos en el exterior, en representación del MTC, con el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.

Municipalidad de Santa entrega licencias de funcionamiento a empresas en menos de tres días

La municipalidad provincial de Santa (Áncash) logró reducir entre uno a tres días el tiempo en que otorga las licencias de funcionamiento a las empresas, gracias a la aplicación del Plan Nacional de Simplificación de Trámites Municipales para Empresas - Tramifácil.

Los logros fueron presentados por el municipio de Santa y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del grupo Banco Mundial. Se contó con el apoyo financiero del Fondo Minero Antamina y la Secretaría de Asuntos Económicos de la Confederación Suiza (SECO).

Gracias a los servicios de asesoría prestados por IFC, la comuna provincial logró disminuir el tiempo que tomaba autorizar el funcionamiento de una empresa, pasando de entre tres a 68 días a un tiempo que permite obtener la licencia en uno a tres días, dependiendo de si requiere de inspección previa.

También se logró reducir el número de visitas (de siete a una) que los empresarios debían hacer a las ventanillas de la municipalidad y el número de requisitos solicitados (de 12 a tres).

Todos estos logros están de acuerdo con la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y permitirán ahorrarle tiempo y dinero al empresario, además de atraer mayores inversiones al municipio y facilitar la formalización de empresas.

La alcaldesa de Santa, Victoria Espinoza García, indicó que gracias a la puesta en marcha de este programa de simplificación administrativa, la municipalidad hará realidad la agilización de uno de los trámites de mayor demanda, como es el otorgamiento de licencias de funcionamiento, documento básico para la formalización del comercio, la industria y otras actividades que son las que generan empleo y atraen inversiones.

Gustavo Cabrera, gerente adjunto del Fondo Minero Antamina, comentó que Tramifácil Chimbote representa un gran avance para la mejora del clima de negocios en la provincia del Santa y contribuye significativamente a la productividad local.

"Es un claro ejemplo de los importantes logros que se pueden obtener a través del trabajo coordinado entre el sector público, el privado y la cooperación internacional. Estos resultados permitirán que más empresas accedan a los beneficios que ofrece el mercado formal, lo cual facilita el crecimiento de las mismas y, por lo tanto, brinda mayores oportunidades de empleo para la población."

Finalmente, Ernesto Franco, oficial de operaciones del Programa de Clima de Inversiones en América Latina y el Caribe de IFC, señaló que la mejora en los procesos para abrir una empresa es un paso importante a fin de generar un clima de inversiones que promueva la formalización de las pequeñas y medianas empresas.

Ello contribuye al crecimiento económico y a una mayor competitividad entre los empresarios. Todo esto en beneficio directo de un sector clave para el desarrollo y la generación de recursos.

IFC y la Presidencia del Consejo de Ministros, junto con más de 25 instituciones públicas y privadas, impulsan desde hace tres años el Plan Nacional de Simplificación de Trámites Municipales para Empresas - Tramifácil en cerca de 40 municipalidades de ciudades como Chimbote, Piura, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Cajamarca, Lima, Ica, Arequipa y Puno.

Recaudación municipal del RUS y el RER

El Presidente de la Repúblicana ha propuesto que las municipalidades se hagan cargo de la recaudación de tributos a las pequeñas empresas y microempresarios. Estaríamos frente al caso de los contribuyentes del RUS y el RER.

El caso es que la SUNAT durante los últimos 20 años ha sufrido una parálisis fiscal respecto al incremento de la base tributaria. Es decir, poco o nada ha hecho por incrementar el numero de contribuyentes.

Esto se debe a dos factores. Primero, que con el tiempo y la mejora de la situación económica del país, la SUNAT se ha convertido en casi un “socio” de las grandes empresas, pues sentados en su ventanilla recibiendo los pagos de éstas, se quedan con el 2% de todo lo que recaudan.

Sencillamente no les interesa incorporar a la formalidad a los cerca de dos millones de informales que no pagan sus impuestos, pese a que los ciudadanos de a pie que consumimos sus productos, sí pagamos impuestos por cada producto.

Y es que las empresas pagan impuestos directos (Impuesto a la Renta, IGV, ISC, etc.) mientras que los peruanos de a pie pagamos generalmente impuestos indirectos, al comprar cualquier producto o al contratar cualquier servicio. Si compramos un paquete de galleta, un tarro de leche o cualquier producto, estamos pagando el costo del producto más los impuestos indirectos que correspondan.

Esto no ocurre con dos millones de pequeños y microempresarios que sencillamente, pese a tener ingresos mayores que los peruanos de a pie, no pagan sus impuestos. Estamos hablando de dos millones de empresas que si tributaran, podríamos aliviar parte de los problemas del país. Por cierto, estas empresas pequeñas no tendrían que ingresar a un régimen general, sino a regímenes especiales simplificados.

Si bien las municipalidades tienen problemas en la recaudación de sus propios tributos, esto se debe a que no fijan las tasas conforme a ley, lo que no ocurriría en el caso del RUS o el RER, pues las tasas son fijadas por norma nacional.

Bajo este panorama, no está fuera de la realidad una propuesta como la que plantea el Presidente de la República. El proceso podría iniciarse a través de pilotos en las municipalidades que cuentan con un Sistema de Administración Tributaria – SAT.

Con la finalidad de evitar que se repita la mala actitud de respecto a su inacción en ampliación de la base tributaria, se debe establecer que el porcentaje de la recaudación que quedará en las arcas municipales, será fijando en función de la ampliación de la cantidad contribuyentes informales. Si tan solo cada uno de estos comerciante informales tributaran 20 nuevos soles mensuales por RUS, estariamos frente a una eventual recaudación de 40 millones de nuevos soles mensuales.

Es hora de que lo propio ocurra con la pétrea SUNAT.

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Presidente dice que concejos pueden recaudar más que la Sunat

Tras declarar ayer sábado que la Sunat solo cobraba "a los grandes almacenes, pero que hay un submundo de microempresas que no pagan nada", el presidente Alan García volvió hoy domingo a arremeter contra la institución pública encargada de recaudar los impuestos del Gobierno Nacional.

El mandatario señaló hoy que los municipios tienen mayor capacidad de cobrar a las microempresas que la propia Sunat. "Estoy seguro que el alcalde que está más a la mano y cerca al lugar donde está el centro comercial, el edificio de profesionales o el grupo de tiendas, tiene más capacidad de cobrar que la Sunat que necesitaría tener 50 o 100 mil inspectores más. Y eso es imposible", comentó García.

"Tenemos 1.900 municipios que necesitan recursos. Entonces que cobren esos recursos y los utilicen para tapar los huecos de las calles para mejorar los servicios públicos", añadió el jefe de Estado tras precisar que el tema se tendrá que analizar en el Congreso.

El presidente expuso que para dotar de esta nueva función a las alcaldías y cobrarles a las 400 o 500 mil microempresas solo se necesitaba capacitar durante seis meses a los funcionarios municipales "en el cobro y en las leyes que se usan". "Tampoco se trata de aprender chino", comentó.

García se quejó de la poca cultura tributaria existente entre las empresas más pequeñas. "Los grandazos alcanzan a pagar porque son visibles, están allí. Muchas pequeñas empresas también se han incorporado. Pero faltan cientos de miles" dijo en referencia a las microempresas que no tributan con regularidad.

El Comercio

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En 15 días vence plazo para adecuar los TUPA a Ley del Silencio Administrativo

“En Lima hay 15 concejos distritales que no han adecuado sus TUPA a la Ley del Silencio Administrativo Positivo. San Miguel, Ancón y Chorrillos, entre otros, tendrán solo 15 días para adecuarse, de lo contrario no podrán imponer requisitos o cobros en los trámites que ofrecen a los vecinos”. (El Comercio)

Conforme a lo señalado en la Ley del Silencio Administrativo (Ley 29060), los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:

• Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.
• Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores.
• Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos.

Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo,la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera.

Lo dispuesto no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado.

No obstante lo señalado, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado.

Lo dispuesto en el primer será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace referencia el artículo 31º de la Ley Nº 27444.

En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada, el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.

Los funcionarios y servidores públicos que, injustificadamente, se nieguen a reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado al haber operado a su favor el silencio administrativo positivo de un procedimiento que se sigue ante la misma entidad, incurrirán en falta administrativa sancionable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

Lo dispuesto también es aplicable a los funcionarios y servidores públicos, de cualquier entidad de la Administración Pública, que se nieguen injustificadamente a recibir o cumplir la resolución aprobatoria ficta derivada de la Declaración Jurada, dentro de un procedimiento que se sigue ante otra entidad de la administración.

Los administrados podrán interponer, individualmente o en conjunto, el recurso de queja o presentar una denuncia al órgano de control interno de la entidad respectiva, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, en el caso de que el funcionario o servidor público incumpla lo establecido en la presente Ley.

La Ley entra en vigencia, indefectiblemente, a los ciento ochenta días calendario, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, efectúen o no, las entidades, la justificación prevista en el artículo 9º y en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurran los funcionarios competentes por el incumplimiento de las citadas disposiciones.

La referida Ley fue publicada el sábado 7 de julio de 2007.

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